Las medidas que se requieren deben atender a la especificidad del sistema de I+D+i dentro del sector p�blico y apostar por la flexibilizaci�n y mejora del funcionamiento de las universidades. Para ello es necesario el compromiso firme, no solo del Ministerio de Ciencia, Innovaci�n y Universidades, sino tambi�n del de Hacienda, al que se le reclama una mayor confianza en el Sistema Estatal de Investigaci�n.

El nuevo Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros supone un avance en la resoluci�n del problema causado a los estudiantes adjudicatarios de los pr�stamos renta Universidad. La propuesta planteada en relaci�n a este conflicto, que se gener� hace ahora diez a�os, y que nunca se hab�a abordado, se considera oportuna y satisfactoria para ese colectivo de estudiantes afectados.

Igualmente, se consideran positivas todas las medidas que pretenden asegurar la igualdad de trato y de oportunidades y facilitar la integraci�n de las mujeres en el Sistema Espa�ol de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n, as� como su promoci�n y evoluci�n.

En relaci�n con las modificaciones de la Ley de Contratos del Sector P�blico de 2017, se simplifica la tramitaci�n de los expedientes de los contratos menores, pero se mantiene la duda de si el l�mite cuantitativo de 50.000 euros previsto en la norma para este tipo de contratos se puede considerar o no a nivel de proyecto de investigaci�n. Aunque as� se desprende de la informaci�n facilitada por el Ministerio en la presentaci�n del Real Decreto-Ley, esta posibilidad no se contempla claramente ni en el articulado ni en la exposici�n de motivos. En este sentido, el Gobierno tendr� que aclarar urgentemente esta cuesti�n si quiere evitar que haya tantas interpretaciones a la norma como universidades, algo que ya sucedi� cuando esta misma cuant�a fue introducida en la Ley de Presupuesto Generales del Estado de 2018.

Otra de las cuestiones que inicialmente es positiva, pero no queda suficientemente aclarada en la nueva norma, es la posibilidad de realizar contratos indefinidos para el desarrollo de proyectos y planes de investigaci�n concretos. Con la informaci�n disponible, se mantiene la incertidumbre sobre aspectos como la modalidad contractual a desarrollar, o sobre si otras normas podr�an afectar a lo regulado en este sentido por el nuevo Real Decreto-Ley.

Por todo lo anterior, y como representantes del 65% del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnolog�a, las universidades nos ofrecemos al Gobierno de Espa�a, como siempre hemos hecho, para contribuir al desarrollo legislativo, normativo y de convocatorias que afecten a la I+D+i espa�ola.